La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas son extremadamente graves, tanto o más que cualquier otra crisis económica que hayamos enfrentado en los últimos 50 años. Existen voces que plantean que el problema no es tan complejo y que pronto podremos reasumir nuestras actividades normalmente. Ojalá fuera así, pero sería un error de proporciones diseñar políticas para ese escenario. Las dolorosas imágenes de España e Italia no pueden repetirse acá. Hay que pensar que pasaremos meses con una paralización muy extendida y un daño severo a nuestra economía, y en particular a los más vulnerables.

El Gobierno ha propuesto un primer plan económico que es un avance en la protección de los trabajadores chilenos. Pero es claramente insuficiente para la magnitud de la crisis que enfrentamos. Haciendo la contabilidad correcta, el déficit fiscal aumentará entre un punto y un punto y medio del PIB por estas medidas. El resto son préstamos, diferimientos, etc., cuyos costos fiscales son menores. El Gobierno aún no despliega un plan acorde a la situación.

En momentos críticos como el actual, no solo el contenido de las medidas, sino también su oportunidad, son cruciales. Llegar tarde solo profundizará la crisis, y hará que la recuperación sea más lenta y dolorosa, en particular en un país con muchas demandas sociales. Desde el punto de vista económico, y más allá de los urgentes recursos para fortalecer la atención en salud, hay otros temas que son relevantes.

En primer lugar, hay que proveer ingresos a quienes no pueden trabajar. El Gobierno propuso que los trabajadores puedan usar parte de sus fondos del seguro de desempleo y además suplementará el fondo solidario. Esto tendría un costo de unos dos mil millones de dólares. Por otra parte, ofreció un bono, que debiera abarcar a quienes no tienen contrato, por un total de 170 millones de dólares. Claramente hay un desbalance. La falta de ingresos es un problema ético y económico de primer orden y hay que pensar qué significa para cientos de miles de chilenos no recibir ingresos por meses. El Gobierno debiera hacer un programa de bonos masivos. Por ejemplo, que diez millones de chilenos, dos tercios de la población en edad de trabajar, reciban cien mil pesos al mes por al menos tres meses, lo que costaría aproximadamente 1,3 puntos del PIB. Esto además representaría una repartición más equitativa entre fondos públicos y de trabajadores de su fondo de cesantía, estos últimos acumulados en parte con cotizaciones de los empleadores.

En segundo lugar, hay que proteger el empleo y la actividad económica. La medida anterior de provisión de ingresos ayuda mucho, pero no basta. Con los niveles actuales de riesgo es difícil que las PYMES puedan conseguir financiamiento. La inmensa mayoría de estas empresas viven de los ingresos mensuales, para pagar salarios, arriendos, insumos, etc. Tres meses con ingresos nulos o muy reducidos, simplemente las obligará a cerrar, y volverlas a abrir será muy difícil. Se necesita un programa muy grande de garantías crediticias. Existe el FOGAPE con un capital de algo de más de mil millones de dólares. El principal costo es el porcentaje de las garantías que se ejecutan, pero esto se mitigará con un paquete de medidas significativo que permita una recuperación con más vigor. Hay que multiplicarlo por muchas veces, flexibilizar significativamente las condiciones de uso y alivianarlo regulatoriamente. Hay que extender las garantías a empresas grandes, pero en este caso hay que asegurarse que, en caso de éxito, el gobierno, que es quien ha otorgado las garantías, comparta los beneficios. Asimismo, se pueden establecer colaterales en forma de acciones. Bancoestado debiera liderar con mucho vigor este proceso y entender que en situaciones excepcionales como ésta tiene un rol público fundamental. Aún no se ve qué han hecho.

Existen otras áreas, en particular en el mercado financiero, donde el comportamiento dislocado de los precios de activos puede generar serios problemas de liquidez y distorsiones regulatorias. La CMF y el Banco Central debieran monitorear y proveer soluciones, algo que ya están haciendo, pero la situación se seguirá agravando de no mediar nuevas medidas. Una lección de la crisis financiera es que la cooperación entre todas las instituciones relevantes es de extrema importancia, y espero que eso esté ocurriendo hoy.

Se le pueden dar bonos a personas que tal vez no lo necesiten, o se puede ayudar a empresas que cerrarán igual. Ese es un costo, pero mucho peor es dejar sin ingresos a quienes lo necesitan y cerrar empresas que en el mediano plazo son viables y generan empleos.

Reitero que estamos frente a un desafío nunca visto y de grandes proporciones. Si no estamos a la altura en cuanto a propuestas, y a la colaboración y generosidad del mundo político, el costo será elevadísimo. Hay quienes apelarán a la responsabilidad fiscal, algo que desde 2012 se ha venido relajando, y sin duda hay que prestar atención, en particular debido a las altas expectativas surgidas después del estallido social. Sin embargo, las fortalezas construidas durante décadas en nuestra economía son precisamente para implementar medidas acordes a la gravedad de la situación, y la nuestra en los próximos meses será crítica de no tomar medidas agresivas y con urgencia.

José De Gregorio
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile