La importancia de definir instituciones y estrategias adecuadas. ¿Cuál es el mejor camino?
El 3 de marzo del 2020 fue el día en que se notificó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, generando, en primera instancia, un cambio radical en la modalidad de trabajo en la mayoría de las empresas y, por supuesto, en la forma de comunicarse. Sin embargo, nadie pudo prever la magnitud ni las consecuencias para la humanidad y administración de sus instituciones que esta pandemia provocaría.
Con el paso de los días, el devenir del virus se hizo notar, colapsando por completo el sistema de salud chileno e impactando el corazón financiero global, llegando a altos niveles de desempleo, con cifras históricas que no se veían hace 16 años en Chile.
Al respecto, Daniel Innerarity en su reciente libro “Pandemocracia”, señala que esta pandemia es un riesgo colectivo y que nuestros comportamientos y definiciones hasta ahora han sido individuales, bajo un paradigma lineal. A su vez, en el libro se plantea que un Estado es perfecto cuando entre los contenidos de la ética y del derecho existe completa identificación y, el ideal de vida colectivo se encuentra incorporado en los contenidos de su constitución. Por lo tanto, dichas definiciones reflejan el problema organizacional que caracteriza a la administración de nuestro país y que ha provocado diversos daños producto de la pandemia del virus.
En Chile, la pandemia también logró visibilizar las brechas de desigualdad y pobreza multidimensional, las que se han buscado reducir a través de donaciones o estrategias de responsabilidad social de las empresas, pero a pesar de esto, no han podido revertir esta situación ni beneficiar a las más de 4 millones de personas que obtienen sus permisos en línea para salir a buscar su sustento diario o que pertenecen a aquellas empresas que han cambiado su giro para ser concebidas como “esenciales”.
De esta forma, los asuntos ambientales y del calentamiento global siguen su curso. Ciudadanos más conscientes y empresas, o nuevos emprendimientos, buscan soluciones a esta problemática y paralelamente, el gobierno intentando despegar la economía, propone reducir impedimentos, que genera la evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana, para proyectos de inversión.
Respecto a esto, Reinalina Chavarri, Directora del Observatorio de Sostenibilidad de la FEN Universidad de Chile y docente Unegocios FEN Universidad de Chile, plantea que los objetivos de la sostenibilidad requieren asumir el medioambiente como un sistema político donde las leyes no atenten contra la naturaleza, sino que contribuyan a una gobernanza en asuntos transfronterizos, como por ejemplo el calentamiento global.
“Ni la democracia ni el mercado por sus intereses de corto plazo, pueden comprender esa noción del tiempo, ni mucho menos los ciclos de los territorios y ecosistemas, debido a que son términos conocidos por expertos en la materia y no por todos los políticos”, argumenta.
Por último, la académica afirma: “Nuestra preocupación post pandemia es cómo le ofrecemos valor a lo que consideramos común para las actuales y futuras generaciones. Si consideramos que la democracia es el lugar para resolver las controversias, entonces, ¿cómo definimos las instituciones, asuntos y estrategias que ofrezcan sostenibilidad a nuestro país, sin dejar de lado el pluralismo ecológico y económico que hoy nos separa? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los gobernantes y los ciudadanos, entre ellos los empresarios, para articular la complejidad, interdependencia y la cooperación para abordar fenómenos globales e impacto local?”.
Añade que, en definitiva, ¿cómo logramos ciudadanos que respeten una ética compartida expresada en los contenidos de su constitución y leyes que nos vinculan en lo que consideramos común?, pues nuestro desafío es responder a dichas interrogantes”.
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