Con preocupación ven en el mercado algunas de las indicaciones a las leyes que rigen al mercado de valores que el pasado 7 de marzo ingresó Hacienda al Senado, las cuales buscan aumentar la transparencia del mercado.

El proyecto, radicado en la Comisión de Hacienda, crea nuevas responsabilidades a nivel de directorio en las Operaciones con Partes Relacionadas (OPR), lo cual se ha convertido en el principal foco de discusión en la industria.

Entre concreto, se propone modificaciones a la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, referida a la regulación de transacciones entre partes relacionadas y se busca incorporar dentro de los supuestos la responsabilidad solidaria de los directores por los perjuicios causados a la sociedad y los accionistas, en la aprobación de operaciones en contravención a lo dispuesto en la ley en materia de derecho de abstención y transacciones con partes relacionadas.

En la industria financiera, señalan que ello es complejo para los directores y las compañías, pues la responsabilidad solidaria parece excesiva, si los directores han cumplido con su deber de cuidado.

“No me parece correcto que se establezca una presunción de responsabilidad solidaria respecto de la totalidad de los integrantes del directorio, puesto que la contravención a las normas establecidas en dicho artículo, se va a dar fundamentalmente, porque el director que tenga interés en la operación no lo manifieste”, señala Esteban García Nadal, socio director del estudio García Magliona & Cia.

El abogado agrega que “ese silencio, evidentemente no puede generar la responsabilidad solidaria de los demás directores, quienes probablemente desconocían el conflicto de interés. Con la presunción, los directores no interesados en la operación van a tener que probar que desconocían el conflicto de su compañero de directorio, y eso es muy difícil. Si uno revisa los otros números del Art. 44, resulta evidente que se trata de situaciones en que todos los directores tienen responsabilidad, como cuando la sociedad no lleva sus libros o registros, u oculta bienes o simula deudas, que son casos en que el directorio, como cuerpo de administración ha actuado de forma al menos, negligente”.

Según Hugo Caneo, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, el proyecto responde a preocupaciones propias del mercado de valores, como lo son justamente las OPR. En este sentido, además de establecerse la presunción de culpabilidad para el directorio, se faculta a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a establecer el contenido mínimo de la política de habitualidad.

“En este punto cabe preguntarse si no será conveniente separar dichas obligaciones exigibles a las sociedades anónimas abiertas y por tanto con capital con participación de inversionistas retail, de otras sociedades anónimas, pero que sólo por ser especiales quedan sujetas a dichas obligaciones, y cuyo capital está concentrado generalmente entre pocos accionistas”, sostiene el académico. “Más aún, dado que se facultaría a la SVS para poder exigir la difusión de las operaciones entre partes relacionadas, y con ello afectar secretos del modelo del negocio”, agrega.

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